Desde CONVIVE Fundación Cepaim celebramos el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Ministros que inicia el séptimo proceso de regularización extraordinaria en España desde los años 80.
La medida supone un avance significativo en la construcción de la convivencia intercultural, al garantizar derechos y aportar seguridad jurídica a más de 500.000 personas.
Este anuncio llega tras más de cuatro años de debate público que ha estado impulsado por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por más de 1.200 organizaciones sociales y respaldada por más de 700.000 firmas, reflejando un amplio consenso social en torno a la necesidad de avanzar en políticas migratorias más inclusivas.
La regularización extraordinaria responde a la realidad de medio millón de personas que ya viven en España, que han construido vínculos laborales, sociales y familiares y cuya situación administrativa irregular está relacionada, en gran medida, con la falta de vías de regularización ágiles y adaptadas a las actuales trayectorias migratorias.
Desde Cepaim subrayamos que este proceso es fundamental para reconocer tanto los derechos como los deberes de ciudadanía de todas estas personas que ya forman parte de nuestra sociedad. Regularizar su situación administrativa no solo implica su reconocimiento y dignificación, sino también su acceso en igualdad de derechos y oportunidades, contribuyendo a una sociedad más cohesionada.
Información clave a destacar del proceso:
A la espera de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado, podemos destacar las siguientes claves:
Como requisitos generales se debe acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.
El nuevo marco normativo introduce vías más flexibles de acceso, como el arraigo extraordinario o el arraigo para solicitantes de protección internacional, facilitando así el acceso al proceso.
Desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, las personas podrán residir y trabajar de forma provisional, lo que representa un avance clave en términos de inclusión social y económica.
Esta regularización no implica la obtención de la nacionalidad española. En caso de resolución favorable, las personas accederán a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, con derechos y obligaciones, dentro del marco legal vigente.
Valoración del impacto del proceso de regularización extraordinaria
Existen evidencias y múltiples informes que acreditan que los procesos de regularización generan un impacto positivo en los ámbitos social, laboral y económico. La experiencia internacional y el caso español muestran que estas medidas mejoran la integración sociolaboral, incrementan el empleo formal y refuerzan la contribución fiscal, sin efectos negativos significativos sobre el empleo o los salarios de la población autóctona.
Además, desde un punto de vista demográfico, la llegada y arraigo de personas migrantes contribuye a frenar el envejecimiento de la población. En este sentido, las personas migrantes desempeñan un papel clave en la cohesión territorial y en la lucha contra la despoblación, especialmente en aquellas zonas con mayores desafíos demográficos.
Asimismo, estas medidas contribuyen a reducir la economía informal, mejorar las condiciones laborales y favorecer un mercado de trabajo más justo, al tiempo que fortalecen la sostenibilidad del sistema de bienestar.
Frente a los discursos que apelan a un supuesto "efecto llamada", desde CONVIVE Fundación Cepaim recordamos que esta medida se dirige a personas que ya se encuentran en nuestro país. Lejos de generar nuevas llegadas, contribuye a reforzar las vías seguras y legales y a evitar situaciones de explotación y desprotección.
Con más de 32 años de trayectoria, CONVIVE Fundación Cepaim reafirma su compromiso de seguir ofreciendo información, asesoramiento y acompañamiento a las personas migrantes durante todo el proceso, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Esta medida constituye un primer paso importante dentro de un marco más amplio, que esperamos que se concrete en la aprobación del próximo Plan de Integración y Convivencia Intercultural, ya anunciado por el presidente del Gobierno en 2025.
Garantizar la inclusión real y el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de todas las personas vulnerables, y de forma específica los de las personas migrantes, nos ayuda a conseguir una sociedad más justa, más igualitaria y más cohesionada.
